XXXIV Jornadas Tributarias
 

COMISION N° 3 – EL COBRO COMPULSIVO

  • Dr. Zarate

    SUBTEMA 1: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO:

    1.  INTRODUCCIÓN:

    El abordaje del tema asignado a esta comisión exige una breve y previa referencia a las denominadas “brechas de incumplimiento” de las obligaciones fiscales, a saber:

    •  Falta de inscripción ante el Fisco de quienes tienen obligación de hacerlo;

    •  Contribuyentes inscriptos que no presentan la correspondiente Declaración Jurada;

    •  Falta de pago en término de la obligación material dineraria emergente de las declaraciones juradas presentadas o resoluciones administrativas firmes, y

    •  Declaración inexacta o falsa de la materia u operaciones gravadas.

    El cobro compulsivo es el instrumento legal previsto para combatir la falta de pago voluntario de las deudas fiscales, conducta ésta que se exterioriza usualmente mediante las conductas descriptas en los incisos b) y c), precedentes.

    Los procedimientos vigentes en el derecho comparado admiten, en general, tres modalidades básicas: Ejecución judicial, Apremio o ejecución administrativa y Procedimiento mixto (administrativo y judicial).

    La mayoría de las legislaciones positivas occidentales consagran la ejecución o apremio administrativo, delegando en sus organismos de recaudación tributaria la facultad de realizar –por sí y ante sí- la tramitación del proceso, la traba de medidas cautelares y la venta de los bienes embargados.

    2.  EL ART. 18 PUNTO 5) DE LA LEY N° 25.239.

    En línea con ese contexto internacional nuestro país sancionó en diciembre de 1999 un nuevo procedimiento de ejecución fiscal, cuyos objetivos y resultados trataremos de sintetizar seguidamente:

    • Objetivos.

    •  Optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión recaudatoria de la AFIP a fin de satisfacer las necesidades de financiamiento del Estado Nacional, incrementando el recupero de deudas impagas y desalentando simultáneamente la morosidad fiscal.

    •  Disminuir la litigiosidad meramente dilatoria que caracterizaba al procedimiento anterior, favorecida de algún modo por las dificultades que afronta el Poder Judicial para absorber y tramitar de manera ágil un flujo anual de 140.000 nuevas ejecuciones fiscales, aproximadamente.

    •  Reducir significativamente los plazos de tramitación de dichas causas en beneficio del normal flujo de los recursos fiscales y descongestionar a los juzgados, evitando el confronte y/o emisión de actos uniformes y estandarizados (v.g. oficios, cédulas, mandamientos, etc.).

    •  Adecuar la normativa procedimental tributaria a los avances tecnólógicos (v.g. internet), posibilitando la comunicación de los oficios de pedidos de informes sobre titulares y la anotación de medidas cautelares por medios informáticos.

    2.2. Resultados obtenidos:

    •  Recupero de deuda por vía de cobro coactivo

    Durante los años 2002 y 2003 -vale decir, una vez consolidada la aplicación generalizada del nuevo procedimiento- se revirtió la tendencia negativa registrada en los años anteriores, obteniéndose un recupero de $ 451.266.000 y $ 552.644.000, respectivamente. En lo que va de 2004 se mantiene la tendencia incremental estimándose alcanzar una suma cercana a los $ 600.000.000.-.

    •  Desaliento de la morosidad

    Resulta palmario atendiendo a los niveles record de recaudación voluntaria que registra la AFIP, habiéndose sobrecumplido al 30/09/2004 la meta acordada con los organismos internacionales de crédito para todo el año 2004.

    •  Disminución de la litigiosidad

    El porcentaje de casos con excepciones opuestas desde la vigencia de la Ley N° 25.239 (31/12/1999) cayó al 2,20% del total de juicios radicados, representando un 40% menos que el nivel registrado con el anterior procedimiento (3,53%).

    Asimismo se operó una drástica reducción (-50%) de las sentencias que rechazan la ejecución, las cuales representan un ínfimo 0,10% respecto de los casos y un 0,27% de los montos totales radicados en el lapso ene/2000-dic/2003.

    •  Reducción del plazo de tramitación

    La duración promedio de la PRIMERA ETAPA (Radicación a Sentencia) es de 96 días corridos en las ejecuciones tramitadas por el procedimiento Ley 25.239, vale decir, un 39,24% menor que las seguidas con el anterior procedimiento (158 días) y un 61,13% inferior al de las ejecuciones fiscales aduaneras (247 días) que se rigen por los arts. 604 y 605 del CPCCN.

    La SEGUNDA ETAPA (notificación de Sentencia a Finalización) insume 336 días corridos en promedio contra 829 del anterior procedimiento y 655 en las ejecuciones aduaneras (vale decir, el 59,47% y 48,70% menos que éstos, respectivamente).

    •  Anotación de medidas cautelares por medios informáticos:

    A partir de la modificación legal en análisis esta operatoria exhibe un crecimiento exponencial, generando una mayor percepción de riesgo por parte de los contribuyentes y un significativo incremento de los montos recuperados por vía coactiva.

    La prueba categórica de ello surge de los siguientes datos, acumulados al 30/09/2004.

    •  Embargos de fondos y valores comunicados al Sistema Financiero. ANEXO I

    •  Respuestas positivas de los Bancos: ANEXO II

    •  Inhibiciones Generales de Bienes comunicadas a la DNRPA: ANEXO III

    3.  CONSTITUCIONALIDAD DEL NUEVO PROCEDIMIENTO:

    • Sin desconocer la existencia de planteos enderezados a obtener su declaración de inconstitucionalidad, puede afirmarse que el régimen de cobro compulsivo aprobado por la Ley N° 25.239 resulta constitucionalmente válido, dado que:

    •  No es ni puede asimilarse a un apremio o ejecución administrativa, ya que requiere un expediente formal (juicio) radicado ante la justicia competente, lo cual deja a salvo la garantía del juez natural que impone nuestra Constitución Nacional en toda controversia en que pudieran afectarse derechos o garantías esenciales del individuo.

    •  No existe transferencia indebida de atribuciones propias y exclusivas del Poder Judicial, ya que:

    •  El juez actuante conserva la dirección y el control de legalidad del proceso, facultades que se ejercitan efectivamente en tanto la ley impone al Agente Fiscal la obligación de comunicarle cada acto procesal cumplido, especialmente la traba de medidas cautelares, las cuales también deben notificarse al deudor cuando tengan resultado positivo.

    •  Es el magistrado quien sentencia las defensas y excepciones opuestas por el deudor, resuelve las impugnaciones deducidas respecto de las liquidaciones de deuda o estimaciones de honorarios y, en definitiva, toda controversia de hecho o de derecho que se suscite en la causa. La jurisdicción ( “decir el derecho” ) le está claramente reservada y, por ende, no se advierte que exista quebrantamiento de la garantía constitucional del debido proceso ni del derecho del administrado a una instancia judicial al menos, antes de verse compelido a abonar la deuda que se le reclama.

    •  Se requiere orden o resolución judicial para concretar el desapoderamiento físico de los bienes del deudor y para acceder a su domicilio por vía de allanamiento, preservándose de tal forma el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio, aspectos que también garantiza la Ley Fundamental.

    4. Juriprudencia vigente:

    •  Se han pronunciado a favor de su constitucionalidad los siguientes Tribunales :

    •  Cámara Federal de Apelaciones de Salta (1)

    •  Cámara Federal de Apelaciones de Posadas (2)

    •  Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (3)

    •  Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (4)

    •  Han declarado su inconstitucionalidad las Cámaras Federales de Apelaciones de:

    •  Resistencia (5)

    •  Córdoba (6)

    •  Bahía Blanca (7) .

    •  Corrientes (8)

    •  Situación en los Juzgados Federales de Primera Instancia:

    •  Juzgados que han dictado fallos a favor de la constitucionalidad: 49 (50,00%)

    •  Juzgados que no se han expedido y lo aplican sin restricciones: 41 (41,84%)

    •  Juzgados que decretaron la inconstitucionalidad: 8 ( 8,16 %)

    •  Corte Suprema de Justicia de la Nación:

    No se ha pronunciado hasta la fecha, teniendo bajo análisis más de doscientas causas con recursos interpuestos por el contribuyente o la AFIP, alguna de las cuales poseen dictamen del Procurador General de la Nación propiciando la declaración de inconstitucionalidad de la facultad de embargar (9) .

    5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO:

    El cobro compulsivo de tributos puede definirse como el conjunto de actos coercitivos legales efectuados por el sector público para el cobro de las obligaciones fiscales, venciendo toda oposición del deudor.

    Su puesta en marcha exige el presupuesto básico una deuda líquida, exigible e impaga.

    Existe deuda líquida y exigible cuando la suma reclamada se encuentra debidamente cuantificada, ya por autodeclaración del contribuyente (saldos de declaración jurada, anticipos, etc.), ya por determinación o liquidación administrativa firme efectuada por el Fisco (determinación de oficio de tributos, pago provisorio de impuestos vencidos art. 31 Ley 11683; liquidaciones de accesorios; multas por infraciones formales o materiales y cargos aduaneros, entre otros.).

    Deuda impaga es aquella respecto de la cual se verifica la falta de cumplimiento -en etapa de pago voluntario- de la prestación dineraria que constituye el objeto de la obligación.

    El procedimiento administrativo previo al cobro compulsivo guarda directa relación con el tipo de obligación incumplida y con su forma de determinación o cuantificación.

    Tratándose de deuda autoliquidada, el mismo consta básicamente de los siguientes pasos: a) Detección del incumplimiento a través de los sistemas informáticos de recaudación del organismo fiscal (DOSMIL, DOSMIL REGIONAL; OSIRIS y SIM); b) Intimación de pago administrativa: Si bien ésta no resulta legalmente exigible, usualmente se realiza mediante notificación personal, por telegrama o carta con aviso de retorno, otorgándose un plazo breve para el pago de lo adeudado; c) Control de pago: Vencido el plazo de intimación se verifica en los sistemas mencionados si se ingresó el crédito reclamado y, d) Emisión del título de deuda y radicación de la ejecución fiscal.

    En el lapso 2001-2004, sólo un 18,40% de los montos impagos correspondientes a obligaciones controladas a través del SISTEMA DOSMIL (v.g. Grandes Contribuyentes) se remitió a ejecución fiscal dentro de los 20 días posteriores a su vencimiento, siendo el plazo usual para intimar al deudor y agotar la gestión de cobro administrativo de 30 a 90 días corridos aproximadamente.

    Las deudas liquidadas o determinadas por el Fisco se exteriorizan a través de procedimientos administrativos reglados que imponen, en todos los casos, la notificación formal al contribuyente y el otorgamiento de un plazo de quince (15) días hábiles para su cumplimiento.

    Vencido el mismo y siempre que el contribuyente no haya interpuesto un recurso que posea efecto suspensivo de la ejecución del acto, se verifica si ingresó el importe reclamado y -en caso negativo- se libra el título de deuda y se dispone la ejecución compulsiva de la misma.

    Si el contribuyente interpone un recurso con efecto suspensivo, la ejecución se difiere hasta el momento en que la deuda reclamada resulta exigible, situación que recién acontece cuando existe: a) Sentencia del TFN confirmatoria de una determinación de tributos e intereses (principio solve et reppete), o b) Sentencia del TFN o judicial de cualquier instancia firme, si el acto recurrido versara sobre la aplicación de multa.

    Un trámite diferencial y específico posee la liquidación administrativa de intereses por tributos ingresados fuera de término. Contra ella sólo procede el recurso de apelación ante el Director General previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario N° 1397/79 y, en caso que el superior confirme la misma, el Fisco puede proceder a su ejecución aún cuando el contribuyente dedujere acción de impugnación del acto administrativo ante el juez federal competente (conf. art. 23 Ley N° 19549, t.o vigente).

    La solución aludida encuentra sustento en la presunción de legitimidad del acto administrativo, pudiendo el Fisco –de oficio o a petición de parte- suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta (art. 12 de dicha Ley).

    Importa destacar que el concepto de “perjuicio grave” no puede limitarse a una evaluación puramente cuantitativa (v.g. el monto reclamado y su incidencia sobre el patrimonio del deudor), sino que se halla ineludiblemente asociado a la ilegalidad o improcedencia del reclamo fiscal. En otras palabras, si el reclamo es legítimo no existe “perjuicio” sino que la obligación de abonar –y el derecho del Fisco de accionar compulsivamente- constituyen la consecuencia necesaria y debida del derecho aplicable.

    6.  INTRODUCCION DE MECANISMOS AMIGABLES DE DISCUSION ENTRE EL FISCO Y EL CONTRIBUYENTE.

    Los mecanismos de este tipo previstos en algunas legislaciones tributarias comparadas se vinculan, principalmente, con la etapa de determinación administrativa de la deuda y con las consecuencias sancionatorias de los ajustes efectuados por la administración fiscal.

    El profesor TULIO ROSEMBUJ (10) enumera como ejemplos de mecanismos consensuados más comunes los siguientes: Acuerdos previos de valoración, consultas vinculantes, valoración y venta de bienes embargados, transacción de deuda tributaria, transacción civil y penal, aplazamiento y fraccionamiento de pago.

    En la etapa de cobro compulsivo de deudas fiscales líquidas y exigibles, los mecanismos amigables se reducen, en general, a acuerdos sobre aplazamiento o fraccionamiento del pago en cuotas. Estos mecanismos se instrumentan a través de la sanción de planes de facilidades de pago (Decretos 93/00; 1384/01 y 338/02, por citar sólo los más recientes), del Régimen de Asistencia Financiera -RAF- (R.G. 1276/02) y del Régimen de asistencia Financiera Ampliado -RAFA- (RG 1678/04 y 1726/04).

    El RAF constituye un régimen general y permanente que permite abonar los tributos vencidos en hasta doce pagos a cuenta. Este beneficio puede solicitarse respecto de todos los vencimientos que se vayan produciendo y es concedido siempre que el deudor no registre incumplimientos de solicitudes efectuadas con anterioridad.

    Mediante el oportuno y racional uso de esta facilidad los contribuyentes poseen una vía accesible y ágil para evitar el inicio del cobro compulsivo de la deuda y la consecuente traba de medidas cautelares y aumento de costos (v.g. intereses punitorios, honorarios, aranceles y gastos causídicos) que ello implica.

    En lo atinente a la valoración y venta de bienes embargados, la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) no contiene previsión expresa que autorice la utilización de procedimientos consensuados.

    No obstante, el artículo 558 bis del CPCCN - de aplicación supletoria al procedimiento tributario en virtud del art. 116 de dicha Ley- autoriza al juez de la causa para convocar –de oficio o a petición de parte- a las partes a una audiencia con el objeto de establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito, procurando evitar perjuicios innecesarios al ejecutado.

    La experiencia operativa indica que, en general, existe poco interés del deudor fiscal en proponer una forma consensuada de tasación y venta de los bienes embargados, especialmente cuando el monto de la deuda supera el valor de mercado del bien. En estos casos le resulta más conveniente adquirirlo en la subasta, al precio más bajo posible y a través de interpósita persona. Mediante esta conducta logra sustraer el bien de su patrimonio y forzar la declaración de incobrabilidad administrativa del saldo de deuda impago.

    7.  EL “AGENTE FISCAL”. FACULTADES Y RESPONSABILIDADES

    La Ley N° 25.239 introdujo la figura del “Agente Fiscal” atribuida a los letrados de la AFIP que realizan la gestión de cobro compulsivo de las deudas en mora.

    La diferencia sustantiva entre los “cobradores fiscales” o “agentes judiciales” del anterior procedimiento y el actual “Agente Fiscal”, estriba en que éste ha sido investido legalmente para realizar, bajo control del juez interviniente, determinados actos procesales que eran realizados exclusivamente por el juzgado, a saber: a) Emitir el mandamiento de intimación de pago judicial; b) Trabar medidas precautorias de cualquier naturaleza y firmar los oficios o mandamientos respectivos; c) Llevar adelante la ejecución disponiendo la subasta de bienes embargados y, d) Estimar y notificar administrativamente los honorarios y costas del proceso.

    Esta atribución de competencias coactivas -en particular la e traba de medidas cautelares- ha sido fuertemente cuestionada por la doctrina y, en algunos casos, se solicitó judicialmente su declaración de inconstitucionalidad. El estado actual de la jurisprudencia surge del punto 3.2. del presente documento.

    Como contrapeso de tales facultades, el duodécimo párrafo del artículo 92 de la Ley, establece que la responsabilidad por la procedencia, razonabilidad y alcances de las medidas adoptadas por el Agente Fiscal, queda sometida a las disposiciones del art. 1112 del Código Civil, sin perjuicio de la responsabilidad profesional pertinente ante su entidad de matriculación.

    Vale decir que el Agente Fiscal está sujeto, por un lado, a la responsabilidad patrimonial civil prevista respecto de todo funcionario público que no cumpla -o lo haga de una manera irregular- las obligaciones legales que le están impuestas y, por el otro, a la responsabilidad profesional ante su entidad de colegiación, pudiendo ser objeto de sanciones que van desde la suspensión temporaria hasta la total cancelación de la matrícula, en caso de comprobarse hechos u omisiones graves que así lo justifiquen.

    Complementariamente toda su actuación queda subsumida en la responsabilidad civil y patrimonial de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en tanto empleadora del Agente Fiscal (conf art. 1.113 del Código Civil).

    Vale destacar que, en los casi cinco años de vigencia del nuevo procedimiento de ejecución fiscal, no se han aplicado sanciones profesionales a Agentes Fiscales por ejercicio abusivo de sus facultades ni se han notificado a la AFIP demandas judiciales de daños y perjuicios fundadas en dicha causal.

    8. EL COBRO COMPULSIVO EN EL DERECHO COMPARADO:

    Las facultades delegadas por la Ley N° 25.239 a la AFIP son notablemente menores que las que poseen las administraciones tributarias de las democracias más avanzadas y garantistas del mundo occidental (11) .

    En dichos países el cobro compulsivo es totalmente administrativo y los Organismos de Recaudación Fiscal pueden -por sí y sin necesidad de orden judicial previa- embargar bienes del deudor, proceder a su secuestro y desapoderamiento físico, venderlos en pública subasta e, incluso, autoadjudicárselos o adquirirlos cancelando su precio con la imputación del todo o parte de la deuda reclamada.

    Similar solución contienen las leyes vigentes en diversas naciones latinoamericanas (12)

    9. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MATERIA DE COBRANZA COACTIVA.

    Consciente de la trascendencia jurídica de la delegación legal analizada y con el fin de garantizar su adecuado y prudente ejercicio, la AFIP instrumentó numerosas acciones preventivas y de fortalecimiento institucional, a saber:

    •  Desarrollo de sistemas informáticos vinculados y/o aplicados a la gestión de las siguientes acciones y procedimientos administrativos previos o concomitantes a la gestión de cobro compulsivo, a saber: 1) Identificación de la deuda en mora y de los pagos total o parcialmente cancelatorios de la misma; 2) Emisión de títulos ejecutivos fiscales formalmente correctos y carentes de vicios extrínsecos; 3) Registración del seguimiento procesal de las ejecuciones fiscales, desde la generación del título de deuda y hasta su descargo o finalización; 4) Anotación y levantamiento de embargos bancarios y de inhibiciones generales ante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios; 5) Liquidación de la deuda reclamada con arreglo a derecho y estimación administrativa de los honorarios a cargo del ejecutado; y 6) Elaboración de estadísticas e indicadores que permiten detectar y corregir inmediatamente los desvíos en la gestión de cobranza que pudieran producirse.

    •  Dictado de normas reglamentarias y operativas internas que reglan puntual y detalladamente los criterios de actuación de los Agentes Fiscales, entre ellos, la obligación de cumplir determinados recaudos (verificación de pagos, conformidad de la jefatura respectiva, etc.), con carácter previo a la iniciación del juicio y a la traba de medidas cautelares.

    •  Creación de una unidad de estructura específicamente destinada al seguimiento de la cobranza coactiva, la cual tiene a su cargo el dictado de las normas operativas necesarias y el control de la gestión de los Agentes Fiscales, tanto en sede administrativa como judicial.

    •  Amplia colaboración en la realización de auditorías realizadas sobre la misma tarea por la unidad de auditoría interna de la AFIP y por los órganos competentes del Poder Ejecutivo Nacional (v.g. SIGEN, PTN) y del Congreso de la Nación (AGN).

    •  Habilitación de la Defensoría del Contribuyente ante la cual pueden efectuarse las denuncias ante presuntos excesos de los Agentes Fiscales en el ejercicio de las facultades legales deferidas.

    10. CONCLUSIONES: A modo de síntesis puede concluirse que:

    •  El procedimiento de cobro compulsivo es un instrumento legítimo que posibilita al Fisco un eficaz combate de la morosidad, disminuyendo el incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias.

    •  Las facultades delegadas por la Ley N° 25.239 a la AFIP son notablemente menores que las que poseen las administraciones tributarias de las democracias más garantistas del mundo occidental y de varios países latinoamericanos.

    •  Con su dictado se procuró optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión de recaudación, desalentar la morosidad, disminuir la litigiosidad meramente dilatoria propia del anterior procedimiento, reducir significativamente los plazos de tramitación de las ejecuciones fiscales y adecuar la normativa procedimental tributaria a los avances tecnólógicos registrados, posibilitando la comunicación de medidas cautelares por medios informáticos.

    •  Los datos estadísticos e indicadores correspondientes al lapso 2000/2004 evidencian una notable mejora en los resultados de la acción de cobro compulsivo, pudiendo concluirse que los objetivos aludidos se han cumplido plenamente.

    •  El procedimiento de cobro coactivo creado por Ley N° 25.239 no es -a nuestro juicio- inconstitucional dado que: a) Preserva la garantía del juez natural reconocida en toda controversia en que pudieran afectarse derechos o garantías esenciales del individuo; b) El magistrado conserva la dirección y el control de legalidad del juicio, sentencia las defensas o excepciones y resuelve toda controversia de hecho o de derecho que se suscite en la causa; c) Garantiza el debido proceso y el derecho del administrado a una instancia judicial al menos y, d) El desapoderamiento físico de los bienes y el allanamiento de domicilio sólo pueden ser dispuestos por el juez, quedando a salvo el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio.

    •  La jurisprudencia de segunda instancia se encuentra dividida, existiendo cuatro Cámaras Federales que han confirmado su constitucionalidad (Salta, Posadas, Mar del Plata y Rosario) y otras cuatro (Resistencia, Córdoba; Bahía Blanca y Corrientes) que decretaron su inconstitucionalidad. La CSJN no ha fallado hasta la fecha, teniendo bajo análisis más de doscientas causas con recursos interpuestos por el contribuyente o la AFIP, según el caso.

    •  El procedimiento administrativo previo guarda directa relación con la forma de determinación o cuantificación de la obligación incumplida. En las autoliquidadas se reduce a verificar el incumplimiento, intimar su regularización en un plazo breve y, a falta de ésta, se emite el título de deuda y se radica la ejecución fiscal. Las deudas determinadas por el Fisco exigen la observancia de procedimientos administrativos reglados y sólo pueden ser cobradas compulsivamente una vez que han quedado firmes y ejecutoriadas.

    •  En la etapa de cobro compulsivo los mecanismos amigables se reducen, en general, a la celebración de acuerdos sobre aplazamiento o fraccionamiento del pago en cuotas. En materia de valoración y venta de bienes embargados, la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) no prevé la utilización de procedimientos consensuados, resultando aplicable supletoriamente el artículo 558 bis del CPCCN.

    •  Las facultades delegadas a la AFIP y al Agente Fiscal tienen como contrapeso -a favor del contribuyente- graves responsabilidades patrimoniales y profesionales en caso de comprobarse incumplimiento de sus obligaciones legales como funcionario público y en lo atinente a la procedencia, razonabilidad y alcances de las medidas cautelares trabadas.

    •  Con el fin de garantizar su prudente ejercicio y evitar perjuicios indebidos a los contribuyentes, el Organismo recaudador instrumentó numerosas acciones preventivas y de fortalecimiento institucional, gracias a las cuales -en los casi cinco años de vigencia del nuevo procedimiento- no se han reportado sanciones profesionales o judiciales aplicadas a los Agentes Fiscales ni se han notificado a la AFIP demandas reclamando daños y perjuicios fundadas en el indebido ejercicio de las facultades en trato.

    •  No es posible plantearse un proyecto de país viable, sin un Estado consolidado y con instituciones eficientes y eficaces en el logro del cometido público que les compete. El Organismo fiscal debe proveer los recursos necesarios para la ejecución de las políticas públicas que den satisfacción a las necesidades del conjunto y contar, para ello, con instrumentos normativos modernos y adecuados para cumplir su rol. El procedimiento de cobro compulsivo vigente cumple esta premisa y la AFIP ha demostrado madurez, idoneidad y prudencia en su aplicación, razón por la cual no compartimos los planteos destinados a obtener su declaración de inconstitucionalidad ni las propuestas legislativas tendientes a su derogación.

    REFERENCIAS :

    (1) “ AFIP-DGI C/ ATAHUALPA SRL S/EJECUCION FISCAL” . Sentencia del 9/03/2001, entre otras .

    •  “ OSMIBER SRL C/AFIP - DGI S/AMPARO” Expediente 4.905/01- Sala Civil, por incidente en el Expte. 457/00 “AFIP - DGI C/OSMIBER S/EJECUCION FISCAL” . Sentencia del 2/07/2001. entre otras.

    •  “ FISCO NACIONAL (AFIP) C/ RONICEVI S.C.A. S/ EJECUCION FISCAL” Expte. 5765 . Sentencia del 15/08/2002, entre otras.

    •  “FISCO NACIONAL (D.G.I.) C/ ELEBE S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL” (Expte. N° 68316). Sentencia del 19/06/2002, entre otras.

    •  "COOPERATIVA SAN BERNARDO LIMITADA S/INCIDENTE DE NULIDAD Y LEVANTAMIENTO DE EMBARGO" en expediente 685/00 "AFIP-DGI C/COOPERATIVA SAN BERNARDO LIMITADA S/EJECUCION FISCAL". Fallo de 19/08/2000.

    •  "AFIP C/HEMODINAMIA RIO CUARTO SRL S/EJECUCION FISCAL", Sentencia del 1/06/2001

    •  "GRANDES SEDERIAS DALI S.A. C/AFIP-DGI S/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD, MEDIDA DE NO INNOVAR". Sentencia del 14/07/2002

    •  "AFIP C/INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A." Fallo del 29/04/2004

    •  “ AFIP-DGI C/ CONSORCIO FORESTAL ANDINA S.A. S/EJECUCION FISCAL”. Dictamen del 12 /12/2001 .

    •  PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS CONSENSUADOS, LA TRANSACCION TRIBUTARIA, Colección Lecturas Tributarias para el Siglo XXI, Bs As, 2001.

    •  U.S.A., Francia, Gran Bretaña y España (Ley General Tributaria, artículos 160 a174), por citar sólo algunas.

    •  COLOMBIA (Estatuto Tributario, Artículos 823 a 843), CHILE (Código Tributario Decreto Ley N° 830 -texto actualizado-, artículos 168 a 199); MÉXICO (Código Fiscal de la Federación: artículos 145 a 196 y Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículos 60 a 76); PERÚ (Código Tributario: Artículos 114 a 123).